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Una catarata de licitaciones privadas hospitalarias sacude el Boletín Oficial, con más de 1.300 millones de pesos destinados a insumos médicos y servicios clave. ¿Transparencia o discrecionalidad bajo la "emergencia sanitaria"? Los fondos de los bonaerenses, bajo la lupa.
¡Atención, bonaerenses! El Gobierno Provincial de Buenos Aires ha encendido las alarmas al autorizar una serie de licitaciones privadas multimillonarias para la adquisición de insumos y servicios hospitalarios cruciales para el año 2026. En total, se destinan la friolera de más de 1.320 millones de pesos de las arcas públicas para cubrir necesidades que van desde reactivos de laboratorio hasta la recolección de residuos patogénicos, pasando por equipos de bacteriología automatizada y autoclaves de vapor de agua. Una inversión colosal que, si bien es vital para la salud, genera interrogantes sobre los mecanismos de contratación.
Las disposiciones, emanadas de diversos hospitales clave de la provincia, detallan la apertura de estas licitaciones:
Todos estos procesos se amparan en la Ley de Contrataciones N° 13.981 y su Decreto Reglamentario N° 59/19, y en algunos casos, se invoca la "Emergencia Sanitaria" provincial (Decreto 132-GDEBA-GPBA), lo que podría agilizar los trámites pero también reducir la competencia. La modalidad de "Licitación Privada" implica que la convocatoria es más selectiva que una pública, lo que siempre despierta el interés de los analistas sobre la transparencia y la eficiencia del gasto.
Para los ciudadanos, esto significa que una porción significativa de sus impuestos se destinará a garantizar el funcionamiento de los hospitales. La provisión adecuada de estos insumos es fundamental para la calidad de la atención médica en la provincia. Sin embargo, la elección de proveedores y la gestión de estos contratos deberán ser monitoreadas de cerca para asegurar que cada peso se invierta de manera óptima y sin sobreprecios.
"La 'emergencia sanitaria' no puede ser un cheque en blanco para la discrecionalidad. La transparencia debe ser la bandera en cada licitación, especialmente cuando hablamos de la salud de los bonaerenses", advierte un analista del sector.
Para las empresas del rubro, estas licitaciones representan una oportunidad de negocio monumental, aunque la naturaleza privada de las mismas podría limitar el acceso a nuevos participantes. La posibilidad de ampliación y/o prórroga de los contratos hasta en un 100%, según el Artículo 7 de la Ley 13.981, agrega un condimento extra de estabilidad para los futuros adjudicatarios.
Las fechas de apertura de las ofertas se concentran a mediados de enero de 2026, y diversas comisiones de agentes administrativos y profesionales de la salud han sido designadas para garantizar el proceso. Es crucial que la sociedad civil y los medios permanezcan vigilantes ante los resultados de estas millonarias convocatorias. ¿Se traducirá esta inyección de fondos en una mejora tangible para los pacientes? Solo el tiempo y la supervisión lo dirán.
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