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El Gobierno pisa el acelerador con la venta de la empresa estatal a cargo de nuestras rutas. La intervención se extiende para "sanear" y preparar el terreno para que los privados tomen el control, en un proceso que promete ser "ordenado y eficiente".
El Gobierno nacional acaba de dar un paso crucial en su plan de achicamiento del Estado: prorrogó la intervención de CORREDORES VIALES S. A., la empresa pública que gestiona gran parte de nuestras rutas. La medida, oficializada a través del Decreto N° 464/2025 con fecha 8 de julio de 2025 y publicada el 10 de julio, extiende el mandato de la interventora, licenciada Anastasia María de los Ángeles ADEM (D.N.I. Nº 18.467.241), con un objetivo claro: culminar el proceso de disolución y posterior privatización total de la compañía, tal como lo establece la polémica Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742.
Esta decisión no es menor: implica que el Estado se prepara para desprenderse de un actor clave en la infraestructura vial del país. La prórroga se basa en un diagnóstico lapidario: la intervención detectó "falencias estructurales", "deficiencias en el manejo administrativo, financiero y de contrataciones", y hasta problemas en el "relevamiento de activos fijos". ¡Un verdadero desastre, según el Ejecutivo, que justifica la necesidad de más tiempo para la transición!
Mientras tanto, la gestión actual asegura haber avanzado en "mejoras" como un nuevo organigrama y reglamentos de compras, pero admite que la tarea es "compleja" y requiere más tiempo para "renegociar contratos" y asegurar una transición ordenada que no ponga en riesgo la continuidad operativa de los corredores. Para el ciudadano común, esto significa que el futuro de los peajes, el mantenimiento de las rutas y hasta la calidad del servicio de transporte está en juego. ¿Será esta la antesala de rutas más eficientes y modernas, o de un aumento desmedido de las tarifas bajo manos privadas? La incertidumbre es total.
Este movimiento es una clara señal del rumbo pro-mercado del gobierno, buscando transferir al sector privado la gestión de servicios que históricamente estuvieron bajo órbita estatal. Las industrias del transporte y la construcción están atentas, ya que se abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión, pero también a posibles tensiones laborales y cambios en las condiciones de los usuarios.
"La complejidad de estos asuntos exige para su resolución de un plazo mayor al período que fuera inicialmente estimado para la Intervención."
Para estar informado sobre futuras actualizaciones, se recomienda seguir los comunicados del Ministerio de Economía y el Boletín Oficial, ya que cada paso de este proceso tendrá un impacto directo en la vida de millones de argentinos.
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