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La Secretaría de Energía mete mano en el mercado y fija el precio mínimo del biodiesel para agosto, buscando evitar distorsiones en el surtidor. ¿Beneficio para el bolsillo o intervención excesiva?
Una nueva Resolución de la Secretaría de Energía sacude el tablero del sector de biocombustibles, estableciendo el precio mínimo de adquisición del biodiesel en $1.354.507 por tonelada para las operaciones de agosto de 2025. Esta medida, que entra en vigencia inmediatamente, busca poner un freno a posibles desequilibrios que puedan impactar directamente en el precio del gasoil que los argentinos pagan en las estaciones de servicio.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en la Ley N° 27.640 (Marco Regulatorio de Biocombustibles) y en la Resolución N° 963/2023, que ya preveía la posibilidad de ajustar los precios cuando se detectaran "desfasajes" o "distorsiones". El contexto actual de emergencia pública en materia económica, financiera y energética, declarado por el Decreto N° 70/2023 y la Ley N° 27.742 de Bases, le da un marco de urgencia a esta intervención.
Para los productores de biodiesel, esta resolución fija un piso, garantizando un ingreso mínimo por su producto que se mezcla obligatoriamente con el gasoil. Sin embargo, para el mercado en general, representa una clara señal de intervención estatal en la formación de precios, lo que siempre genera debate sobre la libertad de mercado versus la estabilidad que busca el gobierno para el consumidor final.
Este movimiento afecta directamente a las empresas elaboradoras de biodiesel y, por extensión, a la industria agrícola que provee la materia prima (principalmente soja). Al fijarse un precio, se busca estabilizar los costos para las petroleras y, supuestamente, para los consumidores. El plazo de pago de siete días corridos desde la factura es un detalle no menor para la liquidez de los productores.
"La medida busca atender la necesidad de evitar distorsiones en los precios del combustible fósil en el pico del surtidor", reza el texto oficial, justificando la excepcionalidad de la fijación de precios.
Para el ciudadano común, la promesa implícita es una mayor estabilidad en el precio del gasoil, aunque la efectividad de estas intervenciones es siempre tema de análisis. Mantenerse informado sobre futuras resoluciones es clave, ya que estos precios son temporales y se actualizan mensualmente.
