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Una resolución del Vicejefe de Gabinete Ejecutivo designa a una arquitecta en un puesto clave, saltándose restricciones previas. ¿Es un caso de privilegio o una movida estratégica que desafía la austeridad?
La Jefatura de Gabinete de Ministros vuelve a estar en el ojo de la tormenta con la reciente publicación de la Resolución 92/2025, que designa a la arquitecta Natalia Melisa Flores (DNI 26.465.861) como Coordinadora de Infraestructura y Servicios Generales. Lo que levanta polvareda no es solo el nombramiento en sí, sino que se realiza con carácter transitorio por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles y, lo más llamativo, se exceptúa de las restricciones establecidas en el Decreto N° 1148/2024 y del artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP.
El Decreto N° 1148/2024 había impuesto límites a las designaciones transitorias en la Administración Pública Nacional, buscando una mayor racionalización del gasto y la planta de personal. Sin embargo, esta resolución invoca un inciso del mismo decreto para justificar la excepción, lo que abre el debate sobre la verdadera voluntad de achicar el Estado o si existen 'puertas giratorias' para ciertos cargos. La designación implica el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV, un beneficio que acompaña a la jerarquía del puesto.
Este movimiento se da en un contexto de supuesta desregulación y transformación del Estado, donde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (que incluye a la Oficina Nacional de Empleo Público) ha tomado intervención. Paradójicamente, mientras se habla de ajuste, se observa una flexibilización en las normativas para ciertos nombramientos. La Coordinación de Infraestructura y Servicios Generales es un área vital para el funcionamiento interno de la Jefatura, lo que subraya la importancia estratégica de la persona designada.
El artículo 2° de la resolución establece que el cargo deberá ser cubierto definitivamente mediante un proceso de selección en el plazo de los 180 días hábiles, una promesa que los ciudadanos estarán atentos a ver si se cumple, o si la 'transitoriedad' se vuelve una práctica recurrente. ¿Estamos frente a una necesaria agilidad administrativa o a un desliz en la transparencia que se prometió?
13 de febrero de 2026
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