¡Bomba en Educación! El Gobierno Veta Totalmente la Ley de Financiamiento Universitario

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso ha escalado a un nuevo nivel. Con un gesto contundente, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 647/2025, ha vetado en su totalidad el Proyecto de Ley N° 27.795, que proponía un esquema de financiamiento robusto para la educación universitaria pública y una recomposición salarial para docentes y no docentes. La medida, que se esperaba con nerviosismo, finalmente llegó y enciende las alarmas en todo el sistema universitario y político.

El Proyecto de Ley, que había sido sancionado por el Congreso el 21 de agosto de 2025, pretendía actualizar al 1° de enero de 2025 los gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) entre mayo y diciembre de 2024, y luego, de forma bimestral. Además, ordenaba una actualización salarial para docentes y no docentes, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles, todo atado a la inflación.

El Ejecutivo, en su argumentación, fue lapidario: considera que la ley presenta "importantes deficiencias en el financiamiento" y que la fuente de recursos propuesta (incrementos de ingresos corrientes por encima de lo presupuestado) es "manifiestamente insuficiente" y "no configura una fuente real de financiamiento". Se estima que la aplicación de la ley hubiera implicado un costo adicional de $1.069.644.600.000 para el presupuesto de 2025 y $2.008.377.852.000 para 2026 solo en salarios.

El Gobierno insiste en que un gasto público "desproporcionado" sin respaldo genera "desequilibrio fiscal" e "inflación", afectando a los sectores más vulnerables. Citan el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, que exige especificar las fuentes de recursos para nuevos gastos.

"La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa", reza el decreto, en un claro mensaje de austeridad fiscal.

Este veto no solo congela las expectativas de mejoras en el ámbito universitario, sino que también profundiza la grieta política y abre un interrogante gigante sobre el futuro de las universidades públicas. ¿Habrá nuevas movilizaciones? ¿El Congreso intentará insistir con la ley? La batalla por el presupuesto educativo está lejos de terminar, y el impacto de esta decisión se sentirá en cada aula y laboratorio del país.