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La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo lanzó la convocatoria para elegir al próximo Procurador Penitenciario. Se abre la carrera para un puesto clave en la defensa de los derechos humanos en cárceles, con requisitos estrictos y un plazo ajustado para presentar candidatos.
¡Atención, Argentina! El Honorable Senado de la Nación ha puesto en marcha un proceso de selección que promete sacudir los cimientos de nuestro sistema carcelario. Se busca nada menos que al próximo Procurador Penitenciario, una figura crucial para garantizar los derechos humanos de quienes están tras las rejas.
La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, en estricto cumplimiento de la Ley 25.875, ha dado inicio a la búsqueda de quien será el guardián de los derechos de los privados de libertad. Este cargo no es un mero trámite administrativo; es la voz y el escudo de miles de personas en un ámbito tan sensible y, a menudo, tan olvidado como son nuestras cárceles.
Desde el 17 de septiembre hasta el 8 de octubre inclusive, se recibirán las propuestas de candidatos. La ciudadanía y las organizaciones tienen la oportunidad de postular a quienes consideren idóneos para esta tarea titánica. ¿Dónde? Presencialmente en la Av. Entre Ríos 149, 6° piso, OF. D, de 9 a 18 horas, o vía correo electrónico a defensoria@senado.gob.ar. ¡No hay excusas para no participar en esta elección vital!
El perfil que se busca es exigente, y con razón. Los aspirantes deben cumplir con el Art. 4° de la Ley 25.875, que establece:
Además, cada propuesta deberá ir acompañada de un currículum vitae, copia del DNI, certificado de antecedentes penales y el temido certificado de deudores alimentarios. Se busca transparencia y un compromiso inquebrantable con la justicia social.
"Este proceso es fundamental para fortalecer la institucionalidad y la defensa de los derechos en un sector tan vulnerable", afirmó una fuente cercana a la Comisión.
La designación de un nuevo Procurador Penitenciario tiene un impacto directo en la calidad de vida de los internos y en la percepción pública de nuestro sistema de justicia. Un funcionario comprometido puede ser la diferencia entre un sistema que respeta la dignidad humana y uno que la vulnera. La sociedad, en su conjunto, se beneficia de una mayor transparencia y de la garantía de que se velará por los derechos de todos, incluso de aquellos que han cometido errores. Es una señal de que el Estado busca mejorar sus instituciones y asegurar el cumplimiento de la ley en todos sus estamentos. ¡A estar atentos a quién se sube a esta carrera crucial!
