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Con un DNU explosivo, el Gobierno Nacional se retira de la gestión de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), transfiriendo el control total a Catamarca y la Universidad de Tucumán. Una movida audaz para reducir el gasto público y redefinir el rol estatal.
El Poder Ejecutivo Nacional ha dado un golpe de timón histórico en el sector minero con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 2/2026. Esta medida, que entrará en vigencia el mismo día de su publicación, marca el retiro definitivo del Estado Nacional de la gestión y funcionamiento de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD). Una decisión que sacude los cimientos de una entidad creada en 1958 por la Ley N° 14.771.
El DNU aprueba un "Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro" y sustituye artículos clave de la Ley N° 14.771. A partir de ahora, YMAD estará conformado en un 60% por la Provincia de Catamarca y un 40% por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN. Se elimina la facultad del Poder Ejecutivo Nacional de designar al presidente del directorio y de realizar contribuciones financieras. Además, se derogan artículos que le daban injerencia directa al Estado Nacional, como la aprobación de presupuestos o la intervención del directorio. El nuevo estatuto deberá ser acordado por Catamarca y la UNT en un plazo de 180 días.
Para Catamarca y la Universidad de Tucumán, esto significa control total sobre la administración y las utilidades del yacimiento, que antes se distribuían 60% para la provincia y 40% para la universidad. Para el Estado Nacional, es un paso gigante en su objetivo de reducción del déficit fiscal y "desdimensionamiento estatal", liberándose de potenciales compromisos financieros. La Procuración del Tesoro de la Nación ya había señalado que YMAD no integraba la Administración Pública Nacional, allanando el camino para esta desvinculación.
Esta decisión podría potenciar la autonomía de Catamarca y la UNT para la gestión minera, pero también les transfiere la total responsabilidad y el riesgo. El DNU es una herramienta controvertida, y su validación por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso será clave para su continuidad. Es una señal clara de la dirección del gobierno hacia un Estado más pequeño y menos intervencionista, con consecuencias directas en la distribución de recursos y la gestión de activos estratégicos. La medida busca racionalizar la estructura estatal y promover la eficiencia económica.
