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En una jugada audaz, la Secretaría de Agricultura deroga más de 20 resoluciones obsoletas de la ex-Junta Nacional de Carnes y la ex-ONCCA, prometiendo un "ordenamiento jurídico coherente, simple y eficaz". ¿Es el fin de la burocracia eterna o un paso hacia la anarquía regulatoria?
La motosierra llegó a los anaqueles del control agropecuario. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de su Resolución 119/2025, ha ejecutado una "barrida histórica" de normativas, derogando más de veinte resoluciones que databan ¡desde 1967! Estas normas, muchas de ellas emitidas por la extinta Junta Nacional de Carnes y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), son declaradas "obsoletas" o "sin sustento" en el actual marco de desregulación. La medida busca "asegurar la vigencia efectiva de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo". En otras palabras, se pretende simplificar drásticamente el entramado regulatorio que ahogaba al comercio agropecuario. Entre las normas eliminadas, se encuentran resoluciones que iban desde el control de mercados de carne hasta disposiciones sobre el comercio agropecuario que, según la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, "han perdido actualidad o sustento". La justificación es clara: estas normativas fueron dictadas en el marco de programas o estructuras que "hoy son inexistentes", lo que las convertía en letra muerta o, peor aún, en trabas administrativas innecesarias.
"Una normativa actualizada y ordenada permite una fiscalización más ágil, objetiva y eficaz, dejando de responder a formalidades innecesarias." Para el sector agropecuario, esta derogación masiva podría significar una reducción significativa de costos operativos y burocráticos. Los productores, consignatarios y exportadores se verán liberados de viejas exigencias que, en muchos casos, solo servían para alimentar la burocracia. Es un claro gesto hacia la desregulación y la modernización del Estado, en línea con el Decreto N° 70/2023. Sin embargo, el impacto real dependerá de qué tan rápido se traduzca esta simplificación en la práctica diaria y si la ausencia de estas normas abre la puerta a nuevas problemáticas o vacíos legales. El gobierno apuesta a que un "ordenamiento jurídico coherente, simple y eficaz" fomentará la inversión y la eficiencia, consolidando un sistema de comercio agropecuario "transparente, previsible y adaptado a las necesidades actuales del país".
