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Una avalancha de empresas busca ser "Grandes Usuarios" de energía para comprar directo, mientras el Ministerio de Justicia abre la participación ciudadana para objetar candidatos a Fiscal General.
El Boletín Oficial de hoy trae dos avisos de alto impacto, uno que sacude el tablero energético y otro que pone la lupa sobre la justicia. Por un lado, la Subsecretaría de Energía Eléctrica anunció una lista masiva de empresas que han solicitado ser reconocidas como Grandes Usuarios Mayores (GUMAs) y Grandes Usuarios Menores (GUMEs) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a partir del 1° de noviembre de 2025. Esta movida permite a estas compañías negociar directamente la compra de electricidad, sorteando a los distribuidores tradicionales y buscando optimizar sus costos energéticos.
La lista es kilométrica e incluye gigantes como GENERAL MOTORS DE ARGENTINA, importantes bancos como BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. y BANCO BBVA ARGENTINA S.A., así como empresas de sectores variados como logística (EXOLOGISTICA S.A., PLAZA LOGISTICA S.R.L.), agropecuaria (COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TANDIL LTDA, ADECO AGROPECUARIA S.A.), frigoríficos (MATADERO Y FRIGORIFICO FEDERAL S.A.), e incluso la FUNDACION FAVALORO PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACION MEDICA. Las solicitudes están abiertas a objeciones por parte de los agentes del MEM, con un plazo perentorio de dos (2) días hábiles desde la publicación.
Por el otro, el Ministerio de Justicia publicó una propuesta de candidatos para cubrir vacantes en el Ministerio Público Fiscal, en el marco del Decreto 588/03. Se trata de una terna de profesionales seleccionados para ocupar el cargo de Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, incluyendo nombres como el Dr. Leonardo Gabriel FILIPPINI y la Dra. María Luisa PIQUÉ. La transparencia es clave aquí: los particulares, colegios profesionales y organizaciones tienen un plazo de quince (15) días hábiles para hacer llegar al Ministerio de Justicia sus observaciones, objeciones o posturas fundadas y documentadas sobre los postulantes. Un llamado a la participación ciudadana para asegurar la idoneidad y objetividad de quienes ocuparán roles fundamentales en la administración de justicia. Ambos avisos reflejan movimientos importantes tanto en la economía como en la institucionalidad del país.
