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Dos trascendentales convenios internacionales, uno sobre protección de niños y otro contra la evasión fiscal, entran en vigor para Argentina, marcando un hito en la cooperación jurídica y económica global.
Argentina refuerza su compromiso internacional con la entrada en vigor de dos instrumentos multilaterales de gran calado. Por un lado, el Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Este tratado, aprobado por Ley N° 27.237 y ratificado el 18 de septiembre de 2025, entró en vigor el 1 de enero de 2026.
Este convenio es una herramienta fundamental para proteger a los niños en situaciones transfronterizas, por ejemplo, en casos de sustracción internacional o disputas sobre custodia. Facilita la cooperación entre países para asegurar el bienestar y los derechos de los menores, brindando un marco legal más sólido y predecible. La Argentina formuló una reserva al Art. 55, cuyo detalle debe consultarse en el Instrumento de Ratificación para entender el alcance exacto.
Por otro lado, la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios (MLI), firmada en París en 2016 y aprobada por Ley N° 27.788, también entró en vigor el 1 de enero de 2026, tras su depósito el 29 de septiembre de 2025.
La MLI es un pilar en la lucha global contra la evasión y elusión fiscal de grandes corporaciones. Modifica automáticamente los tratados fiscales bilaterales existentes para incorporar medidas anti-BEPS (Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios), promoviendo la transparencia y la equidad fiscal. Esto puede implicar una mayor presión sobre las empresas multinacionales para que declaren sus beneficios donde realmente se generan, lo que podría aumentar la recaudación fiscal en Argentina. El país formuló reservas conforme al Art. 28 (5) y notificaciones conforme al Art. 29 (1).
Contexto: Estos pasos consolidan la inserción de Argentina en marcos jurídicos internacionales clave, alineándose con estándares globales en derechos humanos y fiscalidad. Para los ciudadanos, significa mayor protección para los menores y una posible mejora en la equidad fiscal. Para las empresas, implica adaptarse a un nuevo escenario de mayor transparencia tributaria a nivel global.