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El gremio de la Sanidad y los distribuidores de fármacos cierran un acuerdo salarial clave, pero el Gobierno advierte sobre el carácter de las sumas y las contribuciones sindicales. ¿Un guiño a la transparencia o una señal de futuras tensiones en un sector vital?
Una noticia que sacude al sector de la salud y la logística farmacéutica: el Ministerio de Capital Humano acaba de homologar un acuerdo que pacta nuevas condiciones salariales para los trabajadores de la distribución de especialidades medicinales. El pacto fue sellado entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA) y la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (ADEM), en el marco del CCT N° 120/75.
Sin embargo, la disposición no pasó desapercibida por sus advertencias. La autoridad laboral hizo hincapié en que, respecto a ciertas sumas pactadas con carácter no remunerativo, se aplicará lo dispuesto por el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. Esto es un tiro por elevación para evitar que se desvirtúe la naturaleza salarial de los pagos y se eludan cargas sociales. Además, se aclaró que la contribución empresarial destinada a la entidad sindical deberá ser administrada y documentada por separado, según el Artículo 4° del Decreto N° 467/88. Estas observaciones, aunque rutinarias en el marco legal, adquieren un matiz particular en un gobierno que busca desregular y transparentar la relación laboral y sindical.
Este acuerdo impacta directamente en los sueldos de miles de trabajadores y en los costos de operación de las empresas que garantizan que los medicamentos lleguen a cada rincón del país. Un ojo atento a cómo se implementan estas advertencias será clave para entender el futuro de las relaciones laborales en Argentina.
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