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La Federación de Sanidad (FATSA) y diversas cámaras del sector cierran acuerdos salariales. Pero el Ministerio de Capital Humano enciende las alarmas sobre el carácter "no remunerativo" de algunas sumas y la administración de fondos sindicales, generando un cóctel explosivo.
El sector de la salud está en ebullición. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo acaba de homologar una serie de acuerdos paritarios que prometen impactar en miles de trabajadores. La FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA) ha firmado convenios con la CAMARA DE INSTITUCIONES DE DIAGNOSTICO MEDICO (CADIME) y la CAMARA DE ENTIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO AMBULATORIO (CEDIM) (CCT N° 108/75, Disposición 2540/2025); con la CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE CLÍNICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES y otras entidades del sector (CCT N° 122/75, Disposición 2542/2025); y con la CONFEDERACION ARGENTINA DE MUTUALIDADES (CCT N° 107/75, Disposición 2543/2025).
Estos acuerdos establecen nuevas condiciones salariales para los empleados del rubro. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano no dejó pasar la oportunidad de lanzar advertencias cruciales. En todos los casos, se subraya lo dispuesto por el Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 respecto a las sumas pactadas con carácter no remunerativo. Esto es clave: si bien pueden engrosar el salario de bolsillo, estas sumas no aportan a la jubilación, aguinaldo, vacaciones ni indemnizaciones, lo que podría precarizar los derechos a largo plazo.
Otro punto de fricción es la contribución empresarial a la entidad sindical. La autoridad de aplicación exige que estos fondos sean administrados de forma especial y documentada por separado, conforme al Artículo 4° del Decreto N° 467/88. Esta insistencia podría interpretarse como un intento de mayor transparencia o, para algunos, una injerencia en la autonomía sindical.
Estos movimientos en el sector de la Sanidad muestran la tensión constante entre la necesidad de recomposición salarial en un contexto inflacionario y las advertencias del Estado sobre la legalidad y el impacto futuro de ciertas cláusulas. Los trabajadores deben estar atentos a cómo estas 'letras chicas' afectarán sus derechos y exigir claridad sobre el carácter de cada componente salarial. Se recomienda a los ciudadanos estar informados a través de los canales oficiales y sus representantes gremiales.
18 de febrero de 2026

24 de marzo de 2025
18 de febrero de 2026