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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) arremete con una serie de avisos oficiales que sacuden el sector cooperativo. Desde revocaciones definitivas hasta suspensiones preventivas e inicios de sumarios, varias entidades están bajo la lupa. ¿Qué hay detrás de esta embestida regulatoria?
El Boletín Oficial se encendió con una ola de avisos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que ha puesto en marcha acciones contundentes contra varias cooperativas. El organismo regulador intensifica su control y genera incertidumbre en el sector.
La medida más severa afectó a DIFINCOOP DIFUSORA INTEGRAL COOPERATIVA DE TRABAJO, VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO LIMITADA (CUIT 30-61953585-1). El INAES no solo revocó definitivamente su operatoria de servicio de crédito, suspendida desde 2018, sino que inició un nuevo sumario administrativo, profundizando su crisis.
Otras cooperativas como P&A AUTOMOTORES LIMITADA, POR UN TRABAJO GENUINO LIMITADA y la COOPERATIVA DE TRABAJO HOSPITAL ISRAELITA LTDA recibieron la suspensión preventiva de su operatoria, una medida cautelar que las deja en una situación crítica mientras avanzan las investigaciones.
Además, la COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE AGOSTO LIMITADA y la COOPERATIVA DE TRABAJO “DISEÑO DE FUTURO” LIMITADA fueron emplazadas para presentar sus descargos y pruebas en DIEZ (10) días hábiles, tras la instrucción de sumarios por presuntas irregularidades. El riesgo de sanciones o pérdida de matrícula es inminente.
Estas acciones del INAES, basadas en resoluciones como la 1659/16 y la 3098/08, marcan una fuerte fiscalización. Para las cooperativas afectadas, esto implica la paralización o restricción de actividades, costos legales y, potencialmente, la disolución. Para sus asociados, las consecuencias pueden ser graves, impactando desde el acceso a créditos y vivienda hasta la continuidad laboral o servicios esenciales.
“El INAES busca transparencia y cumplimiento normativo, pero estas intervenciones sacuden el modelo cooperativo”, señaló un experto.
Los plazos para recursos son ajustados (de CINCO a TREINTA días hábiles). Es vital que las cooperativas estén al día con sus obligaciones. Para ciudadanos y empresas, es una alerta: verificar la legalidad de las cooperativas con las que se opera es hoy más crucial que nunca.
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