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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) arremete con resoluciones que cancelan matrículas, retiran autorizaciones y disponen liquidaciones extrajudiciales para varias cooperativas y mutuales. Un golpe duro para el sector social de la economía que deja a cientos de asociados en la cuerda floja y abre interrogantes sobre el futuro del modelo asociativo en Argentina.
El Boletín Oficial se convirtió hoy en el campo de batalla de una serie de resoluciones explosivas emitidas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). En una movida que muchos analistas tildan de 'limpieza' o 'reestructuración profunda', el organismo estatal ha dictado una batería de medidas que impactan de lleno en el corazón del sector cooperativo y mutualista argentino. La cancelación de inscripciones y el retiro de autorizaciones para funcionar se multiplican, dejando a varias entidades al borde del abismo.
Entre los damnificados, encontramos a:
Si bien las resoluciones no detallan los motivos específicos de cada cancelación o liquidación, estas medidas suelen obedecer a incumplimientos normativos, irregularidades contables, falta de presentación de balances o, en casos más graves, desvío de fondos o inactividad prolongada. El INAES, bajo su rol de fiscalizador, busca asegurar la transparencia y el correcto funcionamiento de estas entidades.
'Estas decisiones del INAES, aunque dolorosas, son un recordatorio de la importancia de la prolijidad administrativa y la gobernanza en el sector asociativo. La falta de cumplimiento puede tener consecuencias devastadoras', afirmó un especialista consultado.
Para los asociados, estas noticias implican una gran incertidumbre. La cancelación de una matrícula puede significar la pérdida de beneficios, la disolución de proyectos y, en el caso de las cooperativas de trabajo, la potencial pérdida de la fuente laboral. Es crucial que las entidades afectadas conozcan sus derechos y los plazos para interponer los recursos administrativos correspondientes (Revisión, Reconsideración, Aclaratoria, Alzada o acción judicial) ante esta embestida reglamentaria.
El gobierno, con estas acciones, envía un mensaje claro: la supervisión sobre el sector cooperativo y mutual se endurece, buscando sanear el padrón y garantizar que solo operen aquellas entidades que cumplan estrictamente con la ley. El futuro del asociativismo argentino, ¿será más transparente o simplemente más pequeño?
