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Una resolución con fecha ¡futurista! reasigna fondos vitales para el Ministerio de Seguridad bonaerense, ampliando sus partidas en servicios y transferencias. La medida, que impacta directamente en las arcas del Tesoro, busca afrontar gastos operativos y compromisos ya asumidos. ¿Un salvavidas urgente o una señal de alarma económica?
Una resolución con fecha 5 de noviembre de 2025 ha sacudido el tablero presupuestario de la Provincia de Buenos Aires, generando un megarefuerzo de créditos para el Ministerio de Seguridad. La medida, que se ampara en la Ley N° 15.394 del Presupuesto 2023 prorrogado para el Ejercicio 2025, implica una reasignación interna de fondos que levanta interrogantes.
La norma dispone una ampliación de los créditos destinados al Ministerio de Seguridad en dos incisos clave: el 3, correspondiente a Servicios no Personales, y el 5, referido a Transferencias. El objetivo oficial es "atender gastos derivados de su normal funcionamiento". Pero eso no es todo: también se incrementa el "Primer Diferido" de la cartera, específicamente en los incisos 2 (Bienes de Consumo) y nuevamente el 3 (Servicios no Personales), para cubrir "compromisos asumidos derivados de diversas contrataciones".
La jugada no es menor: estos fondos se amplían "en detrimento de Obligaciones a cargo del Tesoro". Esto significa que el dinero no aparece de la nada, sino que se reasigna desde una partida general que engloba diversas responsabilidades financieras del Estado provincial. Para el ciudadano común, esto podría implicar que, si bien la seguridad recibe un espaldarazo, otras áreas o compromisos generales del Tesoro podrían ver sus fondos reducidos o demorados indirectamente.
"La prioridad es clara: fortalecer la seguridad. Pero la pregunta es a qué costo y con qué implicaciones para el resto de las cuentas provinciales", analizó un especialista en finanzas públicas.
La Dirección Provincial de Presupuesto Público y la Contaduría General de la Provincia dieron su visto bueno, lo que indica que la operación está dentro del marco legal vigente, pero no exime de un análisis sobre las prioridades y la salud financiera provincial. Este movimiento presupuestario podría interpretarse como una respuesta urgente a necesidades operativas y contractuales del Ministerio de Seguridad, que no podían esperar. Sin embargo, la constante necesidad de reasignar fondos de esta magnitud siempre enciende las alarmas sobre la planificación original y la gestión de recursos.
Si bien el objetivo es reforzar la seguridad, una de las principales preocupaciones ciudadanas, la forma en que se manejan los fondos públicos es clave. Estar atento a estos movimientos permite entender cómo se priorizan los recursos y si estas "parches" presupuestarios son sostenibles a largo plazo. Es fundamental que la ciudadanía exija transparencia y eficiencia en el uso de cada peso reasignado.
