Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Seguridad aprueba un nuevo y estricto protocolo para el transporte terrestre de precursores químicos, derogando una norma de 2012. La medida busca blindar el país contra el narcotráfico, exigiendo mayor transparencia y responsabilidad a las empresas.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, ha dado un golpe contundente contra las redes del narcotráfico al aprobar un nuevo y riguroso PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE PRECURSORES QUÍMICOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS CONTROLADOS mediante la Resolución 76/2025. Esta flamante normativa deroga la Resolución SEDRONAR N° 362/2012, que ya había quedado obsoleta frente a las nuevas modalidades del crimen organizado.
La medida es crucial para fortalecer la fiscalización y control de sustancias que, si bien tienen usos legítimos, son esenciales para la fabricación de estupefacientes. El protocolo establece obligaciones y responsabilidades claras para todos los actores involucrados en la cadena de transporte, desde la producción hasta la distribución. Esto incluye la necesidad de inscripción en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), la declaración de vehículos, y la prohibición de transportar estas sustancias en vehículos de pasajeros, entre otras estrictas disposiciones.
Para las empresas del sector químico y farmacéutico, esta resolución implica mayores exigencias administrativas y operativas, pero también una oportunidad para demostrar transparencia y compromiso en la lucha contra el narcotráfico. El objetivo es minimizar los riesgos para la seguridad pública y facilitar una supervisión efectiva por parte de las autoridades competentes, en línea con los objetivos del "Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos en Argentina" de la ONU. La medida refleja una política de estado más proactiva y severa para cortar el suministro de insumos al crimen organizado, impactando directamente en la logística del narcotráfico y buscando proteger a la sociedad de este flagelo.
2 de marzo de 2026
31 de diciembre de 2025
2 de marzo de 2026