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El Gobierno avanza con la reestructuración en el ámbito científico. La disolución del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales del ANLIS pone a su personal en 'disponibilidad' por hasta un año, con la amenaza latente de desvinculación definitiva. ¿Es el fin de la investigación nutricional estatal?
Una medida que sacude los cimientos de la investigación pública en Argentina. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS), un pilar fundamental en la salud del país, ha dictado la Disposición 217/2026, que oficializa la puesta en disponibilidad de su personal de planta permanente del disuelto Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales. Esta decisión, que se enmarca en el polémico Decreto N° 192/26, afecta a los trabajadores de un organismo que, desde 1996, era clave en la investigación nutricional.
Según la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, el personal afectado por la supresión de órganos tiene un período de hasta DOCE (12) meses en situación de disponibilidad. Durante este tiempo, deberán recibir capacitación o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. La espada de Damocles pende sobre ellos: si al cabo de este plazo no formalizan una nueva relación laboral, serán automáticamente desvinculados de la Administración Pública Nacional, aunque con derecho a una indemnización.
Esta reestructuración, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a través de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, genera una profunda incertidumbre en la comunidad científica y en las familias de los afectados. El fantasma del achicamiento estatal se cierne sobre un área tan sensible como la salud pública y la investigación. La decisión se justifica en la búsqueda de una 'dotación óptima', pero ¿a qué costo para el conocimiento y la capacidad de respuesta del Estado ante futuras crisis sanitarias o alimentarias? Los anexos, que contienen la nómina de los empleados afectados, se publican en la edición web del Boletín Oficial. Los ciudadanos comunes deben estar atentos a cómo estas decisiones impactan en la capacidad del Estado para garantizar la salud y la investigación nutricional, un tema vital para el bienestar de toda la población.
