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El Ministerio de Transporte bonaerense redobla la apuesta en la fiscalización vial, actualizando el registro de proveedores de tecnología para fotomultas y sistemas de control de tránsito. Se viene un control más estricto y una posible expansión de los dispositivos en rutas y ciudades.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires acaba de lanzar una disposición que no pasará desapercibida para ningún conductor ni para las empresas de tecnología vial. Con la Disposición N° 5-DPAYCTAMTRAGP-2026, se busca intensificar y modernizar el control del tránsito a través de la actualización del Registro de Proveedores de Tecnología para la Constatación de Infracciones de Tránsito.
En la mira están los cinemómetros (más conocidos como radares de velocidad) y otros sistemas automáticos, semiautomáticos o manuales, fijos o móviles, que detectan infracciones. La medida, que se enmarca en la Ley N° 13.927 y sus modificatorias, busca unificar criterios y pautas de prevención de siniestralidad vial.
Lo crucial es que la Dirección Provincial de Fiscalización y Control de Tránsito y la Seguridad Vial tendrá a su cargo la organización y regulación de este registro, que será actualizado periódicamente. Esto significa que los proveedores de tecnología deberán cumplir con estándares de calidad y servicio rigurosos, y aquellos que no lo hagan, serán dados de baja.
"Es un paso fundamental para garantizar la seguridad en nuestras calles y rutas. La tecnología debe ser una aliada transparente en la prevención de accidentes," afirmó una voz del Ministerio.
Para el ciudadano, esto podría traducirse en una mayor presencia de controles de velocidad y otras infracciones, lo que, si bien puede generar resistencia, apunta a reducir la siniestralidad. Para las empresas del sector tecnológico, la actualización del registro abre una ventana de oportunidad, pero también exige una adaptación constante a las exigencias provinciales. La Disposición subraya la importancia de que la información de las infracciones no pueda ser alterada manualmente, un punto clave para la transparencia y la confianza pública en el sistema de multas. Se espera que esta medida tenga un impacto significativo en la seguridad vial y en la relación entre conductores y fiscalización.
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