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Una empresa del calzado logra homologar suspensiones de personal con pagos no remunerativos, reviviendo fantasmas de la pandemia. ¿Es una señal de crisis o una medida necesaria para la supervivencia?
¡Alerta máxima en el sector laboral! El Ministerio de Capital Humano homologó una adhesión a un acuerdo marco de suspensiones que golpea al rubro del calzado. La Disposición 801/2025, del 10 de abril de 2025, ratifica la decisión de una empresa de suspender personal bajo el polémico Artículo 223 bis de la Ley N° 20.744, que permite pagos no remunerativos.
Esta medida se ampara en un acuerdo preexistente (N° 821/20) entre la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) y la Cámara de la Industria del Calzado (CIC). Revive la herramienta utilizada durante la emergencia sanitaria por COVID-19, cuando las suspensiones por "falta o disminución de trabajo" o "fuerza mayor" fueron exceptuadas de las prohibiciones de despidos. La justificación sigue siendo la preservación de fuentes de trabajo y la continuidad de las empresas en contextos de crisis.
Para los trabajadores afectados, esto significa una reducción de ingresos y menos aportes, dado el carácter no remunerativo de las prestaciones. Para la empresa, es un salvavidas para reducir costos operativos y evitar despidos masivos. La disposición aclara que se aplicarán las "condiciones más favorables" para el personal, si existieran.
Este tipo de homologaciones, aunque ligadas a la pandemia, actúan como un crudo termómetro económico, señalando que ciertos sectores aún enfrentan desafíos que exigen medidas extremas para sobrevivir y conservar el empleo. La industria del calzado, siempre vulnerable, está nuevamente en la cuerda floja. Los trabajadores deben estar hiper-alertas a los detalles de sus acuerdos individuales.
